La visión del canalla

Al partido socialista español le debe estar escociendo los análisis preliminares de las elecciones europeas. Tirar de las consignas antiimperialistas que movilizan al electorado más radical y fundamentalista, instigar con el miedo al oponente ideológico como baza electoral, son patadas de ahorcado, argumentos decadentes y retrógrados de un partido que se ve abocado a una posible derrota sin paliativos en las elecciones.

Pero todo esto es juego de niños ante la última canallada del socialismo. El Ministro de Fomento y el número dos del partido socialista, José Blanco, ha tenido la desfachatez de acusar al ex presidente Aznar de derrochador al tener más de cincuenta personas en su personal de seguridad. Las palabras exactas fueron:

"Cincuenta sueldos nos cuesta Aznar (…) No sé si al PP le parece mucho o poco gasto. Así lo ha dispuesto antes de irse de la Moncloa para su seguridad. Que digan si les parece mucho o poco. Cincuenta sueldos nos cuesta el ex presidente. No lo critico, sólo lo digo"

La canallada es doble porque un ministro de un gobierno democrático debería saber perfectamente que no debe revelar secretos de estado, y mucho menos aquellos vinculados con la seguridad de sus funcionarios, aunque sea un ex presidente.

José María Aznar ha sido blanco de tres intentos de asesinato y en uno de ellos casi lo logran. Hoy día es todavía perseguido por la ETA y por Al Qaeda, la organización terrorista más poderosa del planeta. Y el ministro de fomento acaba de ofrecerle públicamente a éstos bestias con boina o turbante información sensible sobre la seguridad del ex presidente que es en definitiva información secreta del estado español.

La segunda canallada es sugerir que esta seguridad del ex presidente del gobierno español fue una decisión del propio José María Aznar antes de abandonar el palacio de La Moncloa, lo cual es mentira, y pone en evidencia su desconocimiento sobre el funcionamiento del estado del que es ministro.

Los sindicatos policiales y el Ministerio del Interior le han desmentido en apenas unas horas. Sin mencionarlo expresamente han dejado en claro que la seguridad de los ex presidentes es una decisión del gobierno actual, no del anterior antes de dejar el palacio de gobierno y que no se escatiman recursos para ello, porque siguen siendo representantes del estado español.

En un país normal, en una democracia con sentido del deber democrático, este ministro habría dimitido. Su canallada le debía costar el puesto, pero aquí no, aquí lo tenemos reafirmándose al día siguiente en los medios de comunicación. En varias semanas volverá con alguna bestialidad más y encima tendremos que pedir disculpas por no compartir sus ideas. Así nos va.